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Alegato del Dr. Jorge Brioso, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y patrocinante de la querella de la familia de Floreal Avellaneda.

Gracias, Sra. Presidente.

Paso a exponer las conclusiones finales en representación de la querella de Iris y Floreal Avellaneda, víctimas afectadas personalmente por los crímenes traídos ante el Tribunal.

Tenemos que empezar por decir que si se llega a una justa condena, será el principio del fin de una lucha mucho más larga, más amplia y más profunda que este drama penal particular. Va a ser un jalón más de una larga batalla.

Este no es más que un pequeño episodio del gran conflicto que emprendió el poder en toda la región, en pos de la quimera peligrosa de terminar con la lucha de clases, antes de que la lucha termine con las clases.

Sólo esa fantasía criminal puede explicar cómo es que las esferas dominantes alzaron a nuestras fuerzas armadas contra sus propios pueblos, como un brote de esquizofrenia masiva, como un estado nazi alzado contra su propia nación.

Esta agresión estalla cuando a mediados de los años setenta, los sectores que siempre detentaron el poder ponen en marcha su viejo sueño de exterminar al ‘enemigo interno’ que consideran capaz de cuestionar el orden establecido.

Esa aberrante caracterización del enemigo incluye hasta las más elementales instituciones democráticas, como dice Riveros en su indagatoria, y lo cito: ‘con todo respeto, señor juez, me considero prisionero del enemigo’.

No es mera locura, no es una anomalía, no surgió de la nada, ni concluyó cuando el poder de facto le devolvió a un civil los atributos del mando, como tampoco venía sin historia la resistencia que se da desde esos años.

Hemos vivido la planificación, la organización y ejecución del genocidio; hoy continúa la época de la consagración de la impunidad, y este juicio es un peldaño más en la larga escalera de la resistencia de nuestro pueblo.

Las tareas propias de aniquilamiento ya habían comenzado mucho antes del secuestro de Iris Pereyra y de su hijo, y las tareas de la impunidad y del encubrimiento de la verdad histórica y jurídica todavía no terminan.

Es necesario tener presente este elemento de continuidad para poder apreciar cabalmente el alcance del drama traído a este juicio. Es porque no han logrado garantizar la impunidad que no se puede poner fin al conflicto.

Y si esa lucha se prolonga tanto, no es por alguna debilidad, flaqueza o vacilación de los genocidas, sino más bien se debe a la firme y serena convicción de que nosotros vamos a durar más que los verdugos, y muy posiblemente, vamos a durar más que el propio imperio que los organizó.

Se encuentra ampliamente probado que en las primeras horas de la madrugada del día 15 de abril de 1976, en la casa de la calle Sargento Cabral 2385 de Munro, Partido de Vicente López, se produjo un operativo ilegal.

En esa acción intervino una banda numerosa de integrantes del Ejército Argentino y, junto a ellos, personal de la policía bonaerense afectado a la Comisaría de Villa Martelli y, muy posiblemente, a otras comisarías de la zona.

Ya el 9 de dicembre de 1985, en los casos 102 y 103 de la Causa XIII/84 de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal se tuvo por acreditado el hecho, y que el grupo dependía operacionalmente del Ejército Argentino.

La patota ingresó ilegalmente en el domicilio de la familia Avellaneda. Junto con militares en ropa de fajina, algunos iban disfrazados con medias en la cabeza, barbas postizas y pelucas, varios con ropas de civil, y al menos dos de ellos, a cara descubierta. La mayoría de los invasores portaba armas largas.

La puerta de la casa delantera fue baleada con saña, según afirma Floreal Avellaneda, y cito: “habían hecho una cantidad de disparos con un arma potente, que no era un arma de puño a juzgar por el ruido de los disparos”.

Testimonia Azucena Avellaneda que “Yo sentí disparos, ví que mi hermana venía corriendo y se metió en mi cocina porque los balazos venían” antes de ver invadida su casa del fondo, y en igual sentido se expresó Iris Pereyra.

Arsinoe Avellaneda ha relatado: “me conminan a que abra la puerta, me negué porque no sabía quiénes eran, más en ese momento que habían estado operando las Tres A. Me preguntaron por Avellaneda de Tensa, no me decían quiénes eran, empezaron a golpear la puerta con las armas, dan vuelta al frente y empiezan a balear la puerta del frente, quisieron romper las persianas y no pudieron, empiezan a balear, tirotear, le digo a mi cuñada ‘abriles que van a tirar la puerta’”.

Una vez franqueada la puerta, ingresaron entre diez y quince personas.

Pedro Joaquín López, en su declaración incorporada por lectura, dijo que “sintió ruidos en la terraza, y como tiene una escalera que baja al patio de su casa, es por ahí que bajaron varias personas. Una de ellas era policía, ya que vestía el uniforme de la policía de la provincia de Buenos Aires. Los otros, todos ellos vestidos de civil, portando todos ellos armas largas. En varios casos eran escopetas Itaka”.

En la parte exterior de la casa permanecieron muchos de los militares y policías que participaron del operativo. Los vehículos que usaron, de los que la familia llegó a divisar entre cuatro y cinco, eran todos automóviles particulares no identificables, conforme al relato de Arsinoe Avellaneda. Floreal Avellaneda declaró que logró ver un Ford Falcon y un Citroën, que circulaban dando vueltas a la manzana.

Esa noche se encontraban en el domicilio Arsinoe Avellaneda y su hijo Mario Ariel Ramírez, Azucena Avellaneda de López, su esposo Pedro Joaquín López, su hija Alba Margarita López y su sobrina Lidia López, Floreal Avellaneda, Iris Pereyra y sus hijos Floreal Edgardo y Ethel Estela Avellaneda.

Ya dentro de la casa, revolvieron y saquearon cada uno de los tres departamentos e interrogaron violentamente a los integrantes de la familia, colocando a las dos hermanas Avellaneda contra una pared del patio interno que separaba sus respectivas casas.

En ese momento, se produjeron descuidos de dos de los invasores, cuando uno de ellos se dejó ver la cara al pedirle permiso Azucena para reingresar a la casa a vestir y calzar a su pequeña sobrina, quien se quejaba de frío.
Arsinoe también logró mirar el rostro de otro agresor, el cual se asomó al patio y preguntó qué pasaba, a quien describió como “joven, rubio, delgadito, con una remera y de vaquero”. El custodio contestó a ese jefe ‘No pasa nada Rolo’.

Mientras tanto, otro grupo se dirigió al departamento de dos plantas que era la casa de Floreal, Iris y sus hijos. Según relata Ethel Estela Avellaneda: “suben dos personas, una de ellas con una media en la cara y la otra a cara descubierta. Le preguntan a mi madre por mi padre y ella dice que no estaba, la bajan con agresividad y se llevan a mi hermano. Al rato traen de vuelta a mi hermano y me dice ‘quedate tranquila, sólo falta que la dejen a mamá’. Al rato, otro dice ‘al pibe, lo vamos a llevar’. Arriba se queda una persona conmigo que me dijo que no me asomara a la ventana y que cerrara la persiana. Al rato me llama Arsinoe, me hace bajar y ella intenta tomar el teléfono para llamar a la policía. Allí, ella me dice que se habían llevado a  mi mamá y a mi hermano”.

Según declara Arsinoe, “llevan a mi cuñada y al Negrito. Alcanzo a ver que ponen a mi cuñada y al chico con una capucha y se van. Al retirarse, salgo a la puerta y veo que había varios vecinos en la puerta. Entonces sale uno casi en la esquina, alto, moreno y de bigotes y me dice ‘adentro o va a haber tiros’”.
Pedro Joaquín López dijo que a él lo “llevaron a la puerta de la calle, en ese lugar se encontraban fuera de la casa, en la calle, sobre la vereda, la señora Iris de Avellaneda y su hijo, encapuchados, custodiándolos todo personal civil, portando también ellos armas. Lo llevaron hacia la esquina, lo trajeron de vuelta a su casa y cuando llegó ya la señora y su hijo no se encontraban allí”.

Floreal Avellaneda saltó al pasillo de la casa contigua, donde se topó en la oscuridad con un soldado que preguntó ‘¿Sos vos, Rolo?’. Debió regresar al muro de su patio trasero, hasta lograr escapar por los techos y refugiarse en la casa de un compañero a tres cuadras, hasta las seis de la mañana.

Su declaración da una idea de la magnitud del operativo, ya que debió cruzar dos manzanas sorteando el paso de los coches y tropa que se hallaban afectados a la cacería.

Dice Floreal que donde se había refugiado “el dueño de la casa estaba atemorizado. Después me enteré que prácticamente habían allanado la manzana”. Cuando el anfitrión sale a tomar el colectivo para ir a trabajar, “lo hicieron bajar, revisaron el colectivo y uno que había uniformado le puso el pie en la espalda. Había unas cuantas personas, diez o quince”.

Iris testimonia que ella y su hijo fueron sacados a la calle, vendados y encapuchados, y fueron conducidos en un mismo automóvil hasta la comisaría de Villa Martelli, donde llegaron unos cuantos minutos después.

Allí Iris fue atada a un elástico de cama de flejes y torturada. Como gritaba, le colocaban almohadas sobre la cara, la radio a alto volumen y le preguntaban dónde estaba el marido, a lo cual contestaba que él no estaba en casa.

El interrogador, a quien identifica por su nombre de guerra como ‘Rolo’, le decía ‘si vos colaborás, te vamos a dejar libre’. Luego la sacaron del elástico, la ataron al caño del lavatorio de un baño y la dejaron con la puerta abierta.

Escuchó los gritos del Negrito que era también torturado. Cuando se lo trajeron, le dijo: ‘Mamá, deciles que papá se escapó’. En ese lugar, escuchó el timbre de un teléfono, y una voz que decía “Comisaría Villa Martelli, buenas noches”.
Pocas horas más tarde, Iris Avellaneda fue retirada de la comisaría en forma muy violenta, levantada en el aire para bajar la escalera y subida a un coche. Fue trasladada a Campo de Mayo donde permaneció varios días, identificada con el número 17 y luego con el 527. Allí la torturaron varias veces preguntando dónde estaba su marido y por las actividades que desarrollaban.

En este segundo círculo del infierno, para las primeras torturas por paso de electricidad le colocaron cables en los dedos, con una radio a alto volumen y una almohada sobre la cara, y le aplican picana eléctrica en el cuerpo mojado.
Hay que aclarar que eso aumenta el tormento, pues la cama de flejes localiza cada descarga en la zona del cuerpo donde se aplica, y en cambio los bornes conectados a los dedos hacen que cada descarga recorra todo el cuerpo.

Luego la tiraban en un colchón, en un lugar enorme donde, según su relato, cuando era conducida al baño debía caminar levantando los pies para tratar de evitar pisar a muchísimas otras personas que estaban en el piso.

Ya poco antes de su traslado al penal de mujeres N° 8 de Olmos, le anunciaron su fusilamiento, y el tal Rolo le dijo que pida tres deseos. Al preguntar por su hijo, el criminal le dijo que no pregunte más, porque ‘a tu hijo ya lo reventamos’.

Tras darle una patada, la devolvió al colchón, enojado con su propio fracaso como torturador, ya que según sus dichos, ‘con los Comunistas no se puede’. En esos días comió sólo una pequeña manzana, la golosina que recordó Solís.

Poco después la llaman por su número, la sacan del galpón, un custodio apodado Ginebrón la flagela en la nalga con una fusta, la suben encapuchada a un camión celular y la trasladan al penal de mujeres N° 8 de Olmos.

El 22 de abril de 1976, el Comando de Institutos Militares solicitó la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de Iris, y produjo su traslado, junto a Silvia Ingenieros. Al llegar, se enteró que estaba acusada de ser activista del Partido Comunista, vinculada con la organización Montoneros.

Allí una médica llamada Alicia Bernal la recibió, le sacó la capucha y la venda y la revisó, encontrándola sucia, demacrada, con pérdida de peso, con dolor en el hombro izquierdo y una conjuntivitis viral avanzada.
‘Pobre vieja, qué habrá hecho’ fue la primera frase que escuchó de sus nuevas compañeras de infierno. Cristina Arévalo, Alicia Legga, Natalia Raschef y Lidia Biscarte declararon aquí que Iris tenía una apariencia de anciana, pese a tener menos de cuarenta años, y en razón de eso la apodaron ‘la vieja’.

Según declara Estela, su tía Arsinoe se enteró quince días después que su cuñada estaba en Olmos. Dice Arsinoe: “Fui a verla, me encuentro con una mujer con signos de tortura que me preguntaba por su hijo.”

A esa altura, la familia ya tenía indicios del asesinato del Negrito, pero no se lo dijo hasta que recuperó su libertad más de dos años después, en julio de 1978.

Según el testimonio de Víctor Ibáñez, quien prestó servicios como suboficial de infantería en el campo de concentración organizado en Campo de Mayo, él mismo, un gendarme y una enfermera gordita que estaba también en cautiverio vieron allì al niño Avellaneda de pie, torturado y aislado, mordido por un perro.

Dijo Ibáñez: “estoy seguro porque se me ordenó llevarle la comida a alguien en un cuartito de los que estaban diseminados alrededor del edificio. Vino un gendarme a abrir, y con él vino una chica que estaba detenida, con una cajita de primeros auxilios y yo le llevaba la comida con un jarro de agua. El gendarme abrió la puerta. Pude ver al fondo parado a este chico, tenía una capucha puesta, y dijo ‘¿Mamá? o ¿Y mamá?, como preguntando. A lo mejor se confundió cuando escuchó la voz de esta enfermera. La chica dijo ‘yo no voy a comer, mi comida puede dársela al nene”.

Según relata Arsinoe, “un mes después del secuestro, aparece en los diarios que habían aparecido varios cadáveres y uno de ellos con un corazón como el que se había hecho tatuar el Negrito”.

Floreal declara congruentemente: “Compré el Crónica, ví que el día 14 había aparecido un cadáver en las costas uruguayas y que tenía un tatuaje en el brazo, un corazón con las iniciales F.A. Decían que era una persona de alrededor de treinta años y contextura muy fuerte. Por la edad no estaba muy convencido. Julio Viaggio pidió los informes y se los mandaron de Uruguay. Un barco lo había rescatado y le habían sacado fotografías al cadáver y pidió las huellas dactiloscópicas, el informe forense fue enviado acá y me enteré que era él después de varios meses. Mi esposa no sabía nada porque estaba presa.”

Desde el día mismo del secuestro empezó la denuncia policial y judicial, y la lucha política y social por la libertad de Iris y Floreal, a nivel nacional e internacional. Esa historia fue excluida de este juicio, pero ya nunca podrá ser borrada. Si hoy tenemos a Iris y si hoy tenemos juicio, es fruto de esa lucha.

Arsinoe reconoce personalmente al apodado Rolo, cuyo rostro había visto claramente cuando se asomó a ver qué sucedía en su patio. Lo identifica plenamente varios años después, en ronda de personas semejantes en 1985.
Por este estrado pasaron dos de los que compartieron con Aneto esa ronda, los testigos Horacio Enrique Michelone y Luis Mazzuoccolo. Quienes hemos tenido ocasión de ver rondas, no recordamos haber visto jamás tanto esmero en que los acompañantes del sospechoso sean efectivamente semejantes.

El notable parecido físico y fisonómico de Aneto y los dos acompañantes de esa ronda que vimos aquì, todavía evidente más de dos décadas más tarde, nos habla del empeño puesto para tratar de impedir el éxito de ese acto, pero también esa semejanza nos habla del valor de esa prueba directa e inequívoca.

Un párrafo especial merece el gran despliegue de testimonios de colegas de Aneto. Ante el aplauso respetuoso del público al heroísmo de algunos testigos víctimas, la señora presidente había dicho que esto es un juicio y no un show.

Sin embargo tuvimos varios días en esta sala un show pocas veces visto, el show de los olvidos, las sorderas, la amnesia y la memoria selectiva. Sólo por señalar los extremos más burdos, dijo el cabo de guardia Juan Carlos Miguel que trabajó 25 años en la Comisaría 4° y que allí nunca hubo pisos de madera en la planta alta, contra lo que señala Cristina Arévalo, que estuvo atada cuatro días seguidos y a cara descubierta en el casino de oficiales, en noviembre de 1975. Pero sí recordó que había militares ocupando ese espacio como área restringida en 1976, que había camas de hierro y que había patrullajes.

Nada de todo ello recordó el siguiente testigo, Alberto Jorge Guzmán, para quien la Comisaría no tenía casinos, ni planta alta ni escalera, y sólo una terraza. Cree posible que los detenidos “comunes” tuvieran radio, pero no había detenidos “no comunes”. No había camas, no se descansaba, “eran “épocas duras”, porque con el cambio de gobierno “algunas personas quedaban acuarteladas”. No recordó haber visto a ningún militar. Pero en su declaración anterior, de 1984, había dicho que había un televisor y un teléfono en el casino de oficiales, que había conocido a un militar Ventone, quien trataba con los oficiales superiores. Ahora, “no conocía ni los uniformes”. Antes había dicho que los militares eran de Campo de Mayo y que eran de Infantería, pero afirma que “No declaré nada. Es mi firma, pero jamás concurrí a un juzgado.” Preguntado si había sido amenazado, o impelido a responder de alguna manera, respondió negativamente, y reiteró que “no recuerda”. Estuvo en la Comisaría De Villa Martelli dos o tres meses y luego se lo envió a hacer el curso de Infantería, donde estuvo menos de un año. Al volver a Martelli no usaba uniforme, trabajaba de civil, y no tenía contacto con el comisario, pese a que rato antes había dicho que sus tareas tras ser entrenado en la escuela de infantería de Ciudadela, eran limpiar la planta baja y cebar mate al comisario.

El Señor juez Cisneros lo interrogó acerca de su vida anterior al ingreso a la policía, y posterior a su retiro. Contestó con toda precisión y claridad, y hasta recordó la numeración de la calle Roca, donde trabajaba como metalúrgico antes de 1976. Viendo que el problema no era de memoria, se le preguntó si toma medicación. Respondió que sí, toma Atenolol y aspirinetas. Al preguntársele si en la noche del 15 de abril de 1976 había escuchado gritos, la Señora presidente del Tribunal respondió que el testigo “No recuerda nada”. Al pedido de detención por su flagrante reticencia, se resolvió indagar antes su estado de salud, respecto al cual seguimos sin tener respuesta.

A seguido, Ernesto Lúpiz Rodríguez recordó que el comisario se había retirado el 15 de abril de 1976 a las 24 hs., y aclaró que “me acuerdo de este hecho puntual porque fue un hecho muy importante” ¿Cuál es el hecho puntual?” - “No, no pasó nada, absolutamente nada. Tenía que retirarse, otra cosa es que me acuerde por qué” – “¿Cuál fue el hecho importante que usted nombró?” – “Lo que recuerdo es que vino el contraventor.” “¿Puede recordar algún otro contraventor?” – “No.” Esta querella preguntó entonces: “¿Ha tenido alguna entrevista o consultado alguna información para venir a declarar?”, respondió que “No”, con una mirada directa y gélida que intentó recordar viejos tiempos, pero ya hoy da más pena que miedo.

Le siguió Roberto Mario Oscar Echave, quien prestó servicio en la Comisaría de Villa Martelli desde 1976, más de dos años, y no salía de la dependencia. “No recuerda” cuántas horas prestaba servicio, ni el nombre del comisario, ni del subcomisario. Sí que Aneto era su superior, “tal vez oficial inspector”, pero no recordò sus funciones.

No recordó si había compartimiento para oficiales y suboficiales, ni si había camas. Tampoco recordó tener conocimiento de que se hicieran operaciones conjuntas con personal militar. “Desconoce” que la comisaría estuviera subordinada o dependiera de los militares y “desconoce” qué significa “pedir área”. No participó nunca en algún operativo de control, “pudo” haber cumplido horario nocturno. No recuerda días ni horarios de visita. “Pudo” haber estado en la oficina de expedientes, en tareas administrativas, y no visitaba ni revisaba los calabozos. “No recordó” dónde se ahlojaban los contraventores, ni si había teléfono en el primer piso, ni el material de los pisos.

Pero en su declaración anterior había dicho “que se trabajaba en forma operacional con Gaspar Campos, que era donde había que pedir área” y se refirió a la intervención militar, todo lo cual ahora dijo ‘no recordar’. Y así siguió olvidando y olvidando, hasta ser ascendido a subcomisario.

Pánfilo Leiva también era administrativo en Martelli en Abril del 76. Ascendió menos, pero (o tal vez porque) recuerda más. “Después del golpe del 76, hubo ‘una especie de toma’ de todas las comisarías por el ejército, y quedaron supeditados a sus órdenes. “Ellos nos indicaban lo que teníamos que hacer”.

A partir del golpe, unos 12 o 14 militares que venían a la comisaría con su vehículo, entraban a la oficina del jefe y ahí hababan todo. Usaban vehículos del Ejército, como los de la policía, con asientos de madera atrás. Venían a la tardecita, salían a la calle y volvían al día siguiente. La presencia era habitual, diaria, salvo a la noche. Si había algo que comunicar tenían un teléfono.

No sabe cuál era la actividad que desarrollaba este personal cuando se iba de la Comisaría, y dijo: “La caratulación de ese grupo decía que era un “grupo de represión”, pero no sé de que manera reprimía.” Supo que alguna vez utilizaron gente de la Comisaría, pese a que él no salía de su oficina para nada.

No sabe de qué cuerpo eran los militares, ni si alguna vez detuvieron a alguien. La oficina donde trabajaba estaba al fondo de la planta baja. En el primer piso, había un casino de oficiales, al cual se llegaba por una escalera.

Aneto era oficial y cumplía funciones en la calle. A veces levantaba a un hombre de la Comisaría y lo llevaba, pero no tenía personal destinado a ese trabajo. Estaba a toda hora. En ese entonces no tenía horario para trabajar. Podía ser que Aneto se haya desempeñado en una época como oficial de servicio, pero para la época del golpe, estaba como encargado de calle.”

Más audaz, ma non troppo, David Arnoldo Dorsch recordó que los militares traían detenidos y los liberaban en la puerta de la comisaría. De lo demás, ni siquiera recuerda cómo vestía el personal de calle, del cual era parte.
Alcibíades Gómez, encargado de tercio en la Comisaría de Villa Martelli, recuerda que estuvieron acuartelados y a disposición de las Fuerzas Armadas, y que había una dotación permanente de doce o catorce militares, que cubría el puesto de imaginaria, en la terraza. “Siempre estaban”, ocupaban el casino de oficiales. No sabe qué significa “área libre” ni “zona liberada”, pero por las dudas aclaró que “No utilizábamos esos métodos”. No tenía acceso al casino.

Más olvidadizo, José Barrionuevo nunca vio personal militar, ni recuerda si era agente, ni sabe en qué cargo estaba Aneto, ni si el día 15 de abril hubo operativo en la calle Sgto. Cabral. Trabajó 28 años en la policía bonaerense.

Testimonia Oscar Bisignano que los militares traían gente y venían de civil, pero ‘los agentes nuevos no teniamos contacto con ellos, ni hablábamos’

A su turno, Alberto Incarbone, peluquero, no vió militares, ni conoce a Aneto. Trabajó un año en Villa Martelli, en 1976, y previo a la baja estuvo destinado en la garita de la puerta, pero no vió movimientos militares. Gran custodio.
Más observador, el Comisario Inspector retirado Héctor Oscar Landriel, jefe de calle de la comisaria de Villa Martelli a la fecha de los hechos, vio militares que “en ese entonces tomaron, se quedaron en la comisaria, y quedamos nosotros a disposición de ellos”… “nos daban conocimiento del area que no podíamos tocar, que no podíamos ir porque estaban ellos. A veces encontrábamos una cuestion “hecha” y retrocedíamos y nos íbamos. Estaban casi siempre en el area restringida del Casino de oficiales del primer piso, ocho o diez personas, de uniforme y también de civil. Que las personas detenidas por ellos podian estar al paso alojadas en Villa Martelli, era normal, de vez en cuando. Cuando estos militares traían personas no las alojaban con los presos comunes, sino que los tenían en el area restringida y después los trasladaban.

Hacían inteligencia en la zona fabril, porque habia mucho robo en las fábricas.

Recuerda que hayan pedido vigilancia Bujías Champion, Algodón Estrella. En ese momento teníamos buena relación con la gente, y podíamos ir a hablar con los obreros, si llegaba a resolverlo se iban si no iba a hablar con los patrones”

Tenía su oficina casi pegada a la calle. Era sólo mía”. Este dato es relevante, porque la única oficina que queda pegada a la calle, y que usaba sólo el oficial de calle, es la misma que Aneto señaló como suya al relevar la Comisaría.

Más todavía avanza Oscar Horacio Castellanos, del servicio de calle: “Aneto en el ‘76 era oficial encargado de calle. En el ‘76 personal militar se hizo cargo de la comisaria, salían a la calle y hacían nuestro trabajo. Llegaban con el camión, apagaban las luces, y llevaban los detenidos arriba. Ponían un camión en la calle y apagaban las luces de la calle.”

El chofer Agustín Eduardo Rocha reinstaló el mutismo. No obstante, vio al menos personal militar en todas las comisarias, “pero no me acuerdo, era a distinta hora, tenian un lugar en la comisaria que decía “area restringida”

Velozmente, Mario Ferrari vió el area restringida, vió uniformados y de civil, nunca comentaron si había detenidos. La calle estava vallada para el tránsito.

Rodolfo Wanuffelen en el año 76, era agente y trabajaba disponible. Dice que “habia momentos que salia o hacía correo. Aneto estaba en turno de dia, a la tarde era oficial de servicio, que nos mandaba a todos los que estabamos ahí. Pero él no estaba en mi servicio, yo estaba en turno noche.” Y a las repreguntas, aclara más precisamente:

“Aneto era oficial de servicio de día. De noche él no estaba”

“Cuando se produce el golpe de estado, yo lo que recuerdo es que traían gente, personas que estaban en la subversión. Eran llevadas por el ejército. Bastante personal militar se hizo presente. Ocupaban un lugar particular, hicieron un area restringida en el casino de oficiales y no pasaba nadie. Las personas que llevaban eran conducidas ahí. El personal militar tenía trato con el oficial de servicio y el comisario supuestamente. A los detenidos que llevaban los traían encapuchados, o con una cinta o un trapo.”

Al preguntarle si sabe si realizaban algun tipo de actividad con los detenidos, contesta: “Mire, yo no he escuchado nada que los interrogaran, no sé, ahí no sé. Cuando los retiraban, los retiraban encapuchados.”
Héctor Ventura Basualdo, en abril del 76 era policía y estuvo mucho después en Campo De Mayo, como custodia del General Riveros. No sabe quién trabajaba en inteligencia, se manejaba en distintos autos, tales como Falcon y Torinos, estaban de civil, siempre de civil…

Para la fecha del golpe estaba en el comando radioeléctrico, pasó después del golpe por la Brigada de San Martín, ejercía su actividad fuera de toda comisaría. Claro, siempre una cuestión policíaca.
Walter Polidori era comisario en la comisaría de Vicente López 3° de Munro, y no tiene conocimiento que el día 15 de abril de 1976 a la madrugada hubo un operativo en la calle Sgto. Cabral. Vivía en la comisaría, en la parte superior. La comisaría estaba intervenida, el Coronel Calatayud era el interventor.

“Había militares permanentes en el lugar, estaban las 24 hs a disposición de ellos. Siempre había militares. Tenían un área restringida, en el fondo del primer piso, yo ni entraba. Nosotros hacíamos las actuaciones, en una oportunidad en el garage encontré depositados cuatro cadáveres, se hizo las fichas, dí intervención al COT, no se daba intervención a juzgado ni nada.”

No recuerda que la familia Avellaneda haya hablado con él. “El tema militar era un tema ajeno a mi persona, fíjese que nunca mi personal estuvo imputado de nada, lo primero que me hicieron fue un sumario a mí a raíz de esos cadáveres. Ningún personal mío intervino en ningún episodio” La fábrica Tensa está en su jurisdicción: “creo que ahí hubo un episodio, mataron a un vigilante.”

Recuerda haber ido a una casa y haber detectado tiros. “Si esta escrito así, si.”

Recuerda que el oficial Calatayud era de Campo De Mayo, le parece que era de infantería, después fue coronel y cree que estuvo en la jefatura.

Después del golpe, el gobernador subordinó a la policía y por ende todos los estamentos, después se intervinieron las comisarías y había un COT militar donde había que mandar las notas, a Gaspar Campos.

Podía existir la posibilidad de que los militares tomaran detenidos sin su conocimiento, “pero íbamos a recibir instrucciones a Campo De Mayo.”

Recibían órdenes, por supuesto, pero el manejo que les interesaba a los militares no consistía en nada. “Eran cosas administrativas, relevo de un cabo de guardia, un montón de cosas”. El mejor aporte de este testigo se dio por la negativa: los cadáveres en el garage eran uruguayos y argentinos muertos en Bécar. Prueba que los asuntos de jurisdicción del terror son pamplinas.

Dijo: “Daban directivas pero no interveníamos, los materiales que recibíamos no explicitaban en que consistían las tareas antisubversivas y quiénes eran los subversivos, para ellos eran todos los que estaban en contra de los militares. No nos hacían caso, nos ponían de costado, quedábamos subordinados a sus órdenes. De lo otro, prevención, calle y robo nos ocupábamos nosotros.

No había una decisión o algo establecido para trabajar, yo trabajaba con la policía nada más, lo anormal lo hacían ellos porque era una intervención militar en un trabajo policial, o sea que del trabajo militar ni siquiera nos decían nada.

Los casos de privación ilegal de la libertad son policiales, interviene la policía, se hace un sumario, pero no tuve ningún caso de privación ilegal de la libertad, si hay una denuncia yo no lo sé.

No iba directo al juzgado, sino al COT. En ese momento cuando yo era comisario y en los momentos anteriores y posteriores por la policía nunca hubo área liberada. No lo sé, salvo que el conocimiento sea interno de los militares pero a nosotros no nos decían nada. Había otras comisarías intervenidas, en Vicente López casi todas, hasta la municipalidad estaba intervenida”.

Jorge SAID HASAN, 3 años oficial de servicio y sumariante en Munro hasta el 77, prolijamente no recuerda nada.
Pablo Lisandro NIEVA, el otro chofer de Villa Martelli, sólo aportó en su declaración que no había jerarquía para salir a las tareas de apoyo a militares.

Rubén COOMBES, ayudante de guardia, dice que Aneto “era jefe de calle, responsable de toda la parte de delitos fuera de la comisaría, conforme las denuncias que se recibían investigaba los hechos.”

Pido disculpas por haberlos aburrido con toda esta casuística, que no es exhaustiva ni mucho menos, pero sí suficiente para apreciar la inverosimilitud de todos esos testimonios de los partícipes colaterales del genocidio.

Así como hemos inaugurado la medicalización del delito in fraganti, y avanzamos sobre los posibles efectos secundarios del atenolol y de las aspirinetas, también de todo este panorama podemos extraer algunas conclusiones de orden psicosocial y antropológico, tales como que el ascenso por el escalafón jerárquico de la policía bonaerense es malo para la memoria.

Se acordaron mucho más y mejor los agentes, que los oficiales responsables del apoyo policial al genocidio. No bien tengamos las copias del acta, vamos a pedir ante la instrucción la indagatoria de los más reticentes.

Hasta el propio procesado Aneto, recién en su última indagatoria se acordó de otros tres partícipes del crímen, pero muchos días antes se había acordado del mecánico preso por juego y su mujer quinielera que no trajo comida la noche del 14 al 15 de abril de 1976, detalle que omitió. Más exactamente, que mintió.

Pero recién recordó hacia adentro de las fuerzas represivas, cuando quedó probado que el marido abnegado no había olvidado dónde durmió, qué y cuándo comió, y quién le acercó realmente ese alimento.

Pero hay otra cuestión más importante y más estructural, y por ser éste el primer juicio sobre el capítulo Campo de Mayo del genocidio argentino, hoy nosotros no tenemos derecho a olvidarlo.

Es que las leyes dicen estar escritas para que el estado proteja la vida, los bienes y la dignidad de los habitantes, y los que usurparon el poder estatal, lo usaron para arrasar esas vidas, esos bienes y esa dignidad.

Hay una absoluta incongruencia de medio a fin, en pretender tratar las tareas de la anormalidad que llevaron a cabo los genocidas, como las definió el comisario de Munro, con las reglas de procedimiento de la normalidad.

Los que estuvimos en los relevamientos a la comisaría, sabemos que el punto no es si había o no teléfono en la planta alta. El punto es que por entonces el puesto de guardia estaba justo bajo la ventana del Casino de Oficiales, y separado por un techo de chapa. Lo inverosímil no es que Iris escuchara atender el teléfono, lo inverosímil es la estruendosa sordera de todo el personal a las torturas.

Varias veces, algunos operadores jurídicos de este foro me preguntaron si Iris Pereyra sabía lo que firmaba cuando exigía una y otra vez, al juzgado de instrucción, a la Cámara Federal y a este mismo Tribunal Oral, que se juzgara a todos los genocidas, por todos los compañeros, siendo que eso también podía dar pretexto para demorar la condena todavía más.

Muchas veces opté por callar la respuesta, porque también pasé muchos años tras los barrotes de una facultad, y sé que lo primero que mutila la carrera de derecho, es la capacidad de pensar en conjunto.

Pero hoy puedo decir, a la luz de las pruebas, que Iris sí sabía exactamente lo que estaba firmando, porque Iris no nació a la lucha en 2003, ni tampoco nació en el ’76. No es gratuito el cargo de vicepresidente de la Liga que hoy ostenta.

Y todos escuchamos acá mismo, cuando haciendo un esfuerzo por trasmitirnos lo que había vivido en la comisaría de Martelli y en Campo de Mayo, señaló que “ni en los primeros tiempos del peronismo nos habían torturado tanto”.
Iris sabe, y siempre tuvo claro, que la ilusión de tratar los crímenes del Campito como si fueran miles de dramas penales normales, decuplica el esfuerzo probatorio y reduce a nada el índice de justicia efectiva que se puede lograr.

Por eso es importante tener conciencia de que estamos todavía en la época de la consagración de la impunidad. Porque es por eso que sabe Iris que así no hay justicia, y que lo más que podemos lograr es pintarle un lunar a la injusticia.

Estas cuestiones ya están precluidas en el plano formal, como bien dice el Tribunal. Eso no significa que estén consentidas, porque los latinoamericanos llevamos quinientos años resistiendo afirmaciones formalmente válidas.

Desde la mita, el yanaconazgo y la esclavitud, hasta el trabajo esclavo e infantil que hoy se sufre en las minas y en las plantaciones de poroto transgénico, pero también en los talleres clandestinos de San Martín, aquí, ante nuestros ojos.

¿Qué clase de justicia va a haber para el Negrito, si el genocidio sigue y va a seguir impune para todos o casi todos los demás negritos? Y pese a ello seguimos estando, como vamos a estar, seguramente, cuando los genocidas ya no estén. Hay que romper el brete de lo abogadil, del individualismo cultural.

Esa capacidad de pensar en conjunto, es el espacio de la dignidad que tenemos que recuperar en nuestros días, como profesionales, como estamento, como sociedad y como comunidad. Y como militantes. Principalmente, como militantes de la vida.

No es accidental el esfuerzo sostenido desde hace décadas por la potencia hegemónica capitalista, y por muchos países satélites, por tratar de cooptar y reemplazar los militantes de derechos humanos por humanistas profesionales.

Así como el estado industrialista de mediados del siglo pasado aportó grandes esfuerzos para sustituír a los obreros sindicalizados como Floreal y como Iris, por sindicalistas profesionales, hoy brotan por doquier humanistas de oficio.

Son los que desde equipos como el Nizkor en EEUU, crean doctrinas cargando al concepto de genocidio el requisito del ejecutor de distinta nacionalidad, justo cuando se torna inevitable el reconocimiento judicial del genocidio argentino.

Esa brillante conclusión implicaría, por ejemplo, que si el estado alemán nazi ejecuta gitanos, o Comunistas, o judíos, u homosexuales alemanes, no sería genocidio, sino que el genocidio recién empezaría en Polonia.

Al revés, si el estado nazi es el polaco, ya que hemos visto que para ser nazi no es necesario ser alemán, e incluso hay nazis negros y mestizos, que para ser coherentes, deberían auto aniquilarse. Pero claro, no hay nazis coherentes.

Pedir coherencia a un nazi, es un chiste alemán.

Y si el comando sur de Estados Unidos se llegara a mandar hoy o mañana otra aventura de las que les gustan en Centroamérica, tampoco habría genocidio según Nizkor, porque la mayoría de los marines son centroamericanos enrolados a cambio de esa ansiada nacionalidad.

La forma que toma hoy y aquí la impunidad, es el desguace de las mega causas en una infinidad enmarañada de juicios fragmentarios. Esto lo saben desde la presidenta de la naciòn hasta los ordenanzas del poder judicial.

Así, bajo el ropaje para reyes tontos del respeto hacia el rito, segimos incumpliendo todos los compromisos que ha asumido Estado ante la humanidad, de no entorpecer el logro de justicia plena, oportuna y reparadora.

Un ejemplo de ello, es el hecho de que hoy ni Iris, ni Floreal, ni los militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre podamos pedir pena para el principal responsable de los crímenes bajo exámen.

No porque no haya pruebas, no porque no haya culpa, no porque no haya responsabilidad penal. La prueba viviente que es Iris Pereyra está hoy entre nosotros porque sus compañeros llegaron a pintar hasta la puerta 8 de Campo de Mayo exigiendo su libertad. Y porque hubo abogados y vecinos que pusieron el cuero para no dejar sola a la familia.

Pero también, en parte, es gracias a la lluvia de reclamos de organismos sindicales y humanistas, diplomáticos, dignatarios de credos y personalidades, periodistas como Rodolfo Walsh, que lograron torcer la voluntad genocida.

La prueba física de los tormentos sobre el cuerpo y del asesinato del Negrito obra en autos, no por la voluntad investigadora del Estado argentino, ni por la dictadura uruguaya que robó los restos, sino por ese tábano en el lomo de la bestia, el camarada Dr. Julio Viaggio que hoy no está, pero siempre va a estar.

Riveros mismo está sentado acá, gracias al tardío reconocimiento de la inconstitucionalidad de su indulto con el cual la Corte hizo lugar a un planteo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la familia Avellaneda.

Hubo que esperar años esa resolución, dado que en el toma y daca parlamentario, la ley de anulación de las leyes de impunidad perdió su redacción original que diseñara nuestro colega Carlos Zamorano como asesor jurídico del bloque de Izquierda Unida, que incluía los indultos menemistas.

Carlos está, y otros nos hemos ido sumando en el proceso, pero no todos han tenido ocasión de ser oídos. Sus testimonios fueron tenidos por innecesarios.

Entre ellos, fue desestimado el testimonio de Alberto Pedroncini, que organizó el escudo de alerta nacional y mundial de abogados y personalidades dignas cuando Julio debió presentarse en la cueva de los monstruos, en el propio Comando de Institutos Militares, citado por Riveros.

Seguramente el genocida debe recordar esa entrevista, porque Julio se presentó en un día caluroso y vestido con un sobretodo, y al preguntar si andaba con problemas de salud, le respondió que iba preparado por si lo remitía a alguno de los campos de exterminio que tenían en el sur del país.

Pero no sólo Viaggio, no sólo Zamorano, que en ese tiempo jugaba en la reserva, preso de los gobiernos de María Estela Martínez y de la dictadura.

Ahora esta familia, este partido y estas organizaciones de derechos humanos, víctimas todos junto y a la par del conjunto de la sociedad argentina, no pueden pedir pena para el procesado, porque al contestar la vista del requerimiento lo imputaron, y no se hizo lugar a la imputación porque estaba indultado.

Después la Corte, con más de dos años de demora, reconoció la inconstitucionalidad del indulto, y no se nos corrió nueva vista. De todos modos venimos a este juicio, sin renunciar a nada de lo que reclamamos, pero tambièn sin permitir jamás que ninguna chicana prolongue un solo día la impunidad.

Este expediente es la prueba lapidaria de cuán errónea resulta la acusación pronunciada dos veces por el más alto tribunal del país, en el sentido de que las querellas provocamos demoras en los juicios.

Este incidente siempre tuvo querella, desde el día de los hechos, y hoy tiene cuatro por falta de una. Aprecie el Tribunal que si fuera acertado que las querellas demoramos los juicios, esos miles de víctimas que vió Lidia Biscarte llenando una pileta de natación en Zárate, o en el piletón que vió en Campo de Mayo el oficial Carballo, cuya declaración tuvimos que incorporar por lectura, ya que todavía lleva la cruz de las secuelas psiquiátricas notorias, todos esos muertos cuyos seres queridos nunca llegaron a ninguna querella, tendrían que tener sentencias justas, firmes y ejecutadas hace años. ¿Cuántas sentencias llevarán logradas esos miles de víctimas de Campo de Mayo sin querella?

Por otra parte, además de errado, ese concepto no es sino el viejo truco de culpar a las víctimas, y nos ofende gratuitamente. Si algo sabemos, es separar lo principal de lo accesorio, y lo primero es estar junto al pueblo en la búsqueda de la verdad y la justicia por lo que ha sido el genocidio argentino, en la exigencia de cumplimiento por parte del Estado nacional de las obligaciones emergentes de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Concretamente de los mismos surgen obligaciones tanto de tipo preventivo, como reparatorias y represivas, es decir, ante la comisión de hechos delictivos integrados y sistemáticos como han sido los ocurridos en la Argentina durante la última dictadura militar y en el tiempo inmediato precedente, conforman la noción que en derecho internacional se conoce como genocidio.

Todavía resuenan en nuestros oídos, como resonaron durante 30 años palabras célebres de los genocidas argentinos, cuando como una premonición de lo que efectivamente iban a hacer, dijeron “comenzaremos por los subversivos, seguiremos por sus familiares, luego por sus compañeros, por sus vecinos, por sus cómplices y finalmente por los indiferentes y los tibios”.

Es que la historia de la humanidad ha conocido genocidios étnicos, genocidios políticos, religiosos, culturales, pero mas allá de la motivación, lo que fue receptando el derecho internacional es que siempre que se busque el exterminio de un determinado grupo de estas características o de lo que luego se elabora como noción de grupo nacional, la eliminación física colectiva, estamos ante un genocidio independientemente del número de víctimas.

No es un escurtinio sobre los caídos. Señalo esto sin entrar en profundo en el análisis de la normativa en materia de genocidio, que luego será analizada con mucho más sapiencia y profundidad por los colegas de las organizaciones humanitarias querellantes.

Pero esta referencia es necesaria para ir separando aguas, en este caso no se puede hablar de los hechos de modo aislado, necesariamente al referirnos a los hechos que están siendo objeto de juzgamiento en esta causa sobre desaparición forzada de personas, homicidio triplemente agravado, tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal de morada y robos, en que se trae a juicio a los seis imputados Riveros, García, Harsich, Fragni, Aneto y Verplaëtsen, ya debidamente identificados, por hechos ocurridos en Munro, en Villa Martelli, en la Plaza de Tiro de Campo de Mayo, en la unidad penitenciaria N° 8 de Olmos y en el penal de Villa Devoto.

No se puede entender la saña sobre el cuerpo de Floreal, sin ver ese hecho inscrito en el plan sistemático genocida, no se puede entender que las huellas de tortura sean rastros de vejámen al cadáver, como insinúa Riveros, ya que de ser así no lo habrían tratado de ocultarpor eso para hablar de estos hechos hay que hacer algunas reflexiones de tipo histórico.

Partí de la noción de genocidio porque es necesario poner blanco sobre negro, dada la trascendencia de este juicio, y hacernos cargo de cuestiones traídas en su momento por las defensas y los imputados, que en la instrucción intentaron un montaje defensivo en base a la patética ‘teoría de los dos demonios’.

Esa estrategia intenta igualar los crímenes probados con la violencia política reinante antes del 24 de marzo de 1976 en la Argentina. La violencia política, que inocultablemente atraviesa la historia de la humanidad, es absolutamente distinta, cuantitativamente y cualitativamente, al terrorismo de Estado.

Huelga decir que todos soñamos para nosotros y nuestros hijos una sociedad sin violencia, o sea sin corrupción, o sea sin mezquindad ni explotación.

Pero la violencia política, que es reconocida como derecho de resistencia a la opresión, incluso por la mejor doctrina político – jurídica de la Iglesia católica, según doctrina de Fray Francisco de Victoria y Fray Francisco Suárez, que también produce por supuesto víctimas, no puede compararse con un esquema organizado desde el Estado autoritario donde se suprime absolutamente el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y a la dignidad humana.

Esa violencia política, en realidad, es la continuidad de una historia de más de un siglo y medio de luchas sociales, que había tenido algunos picos desde la Revolución del Parque, la Ley de Residencia, la semana trágica de enero de 1919, las matanzas de peones de la Patagonia y el Chaco, los golpes conservadores de 1930, 55 y 66, los bombardeos de la plaza de Mayo en el 55, los fusilamientos de León Suárez del 56, el cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo y el viborazo, las masacres de Trelew y de Eseiza, una historia que sin dudas dividía a la sociedad argentina en violentos y violentados.

A la luz de estos hechos aparece un sujeto histórico que emerge de la historia latinoamericana, la unidad obrero- estudiantil que se hace cargo del avance de masas en América Latina, de las luchas sociales en Bolivia, en Guatemala, en Colombia, en Uruguay, en Chile, y aquí se expresa en la convergencia ardua de las tendencias revolucionarias marxistas ortodoxas, de las heterodoxas y del nacionalismo popular, peronista en Argentina por la peculiaridad local de este movimiento popular, que congloba una serie de identidades políticas.

También el mundo se venía radicalizando, sacudido por fuertes cuestionamientos al orden establecido internacional. En ese contexto histórico no se puede obviar la revolución cubana, la independencia argelina, el movimiento de liberación nacional y social en Africa, el mayo francés, la liberación de Vietnam, Laos y Camboya.
Esos ejemplos apuntalaban la esperanza, en esta Argentina, donde objetivamente había una mayoría proscripta y un pueblo que resistía con distintas expresiones.

Corresponde que diferenciemos claramente esta violencia política de lo que luego se conocería como terrorismo de Estado, una respuesta absolutamente infame, que además utilizó el contexto de violencia como pretexto para usar el poder con fines mucho más violentos y criminales.

Fue también desestimado el testimonio de la periodista francesa Marie Monique Robin, quien nos podría haber ilustrado sobre la inexistencia de subversión, recuerdo las palabras exactas de ella, dice “en la Argentina no había subversión’, sin duda existieron hechos de terrorismo, no sólo de resistencia  política, sino también los numerosos cometidos por fuerzas parapoliciales, es decir lo que se conocía como la Triple A, el Comando de Organización, la Concentración Nacional Universitaria.

Como otras tantas construcciones discursivas de la dictadura militar, esos hechos habían sido enervados y tergiversados por la propaganda del régimen, muy similar a aquella propaganda nazi que permitió a Adolfo Hitler obtener incluso respaldo popular en elecciones abiertas, declamando que la población judía, o los Comunistas, que jamás habían ejercido el poder eran los responsables de todos los males de la clase obrera alemana.

Ya en 1974 surgen desavenencias entre sectores del movimiento popular y el general Perón, que llevan a un hecho histórico en la Plaza de Mayo el 1° de mayo de 1974, dos meses antes de morir Perón. Había organizaciones políticas que tenían alguna estructura militar como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, por mencionar las más activas, y bandas terroristas prohijadas desde el Ministerio de Bienestar Social.

Pero el enemigo interno no son sólo las organizaciones populares militarizadas, ni mucho menos las bandas terroristas, cooptadas facilmente por la dictadura.

El enemigo estaba perfectamente identificado, y aquí ha quedado acreditado desde arriba, desde el plan de acción del Ejército y las directivas para el control de las masas obreras, hasta abajo, hasta la detención clandestina de Cristina Arévalo, delegada de La Hidrófila y la persecución a Floreal Avellaneda de Tensa, y lo confirman los testimonios de los policías de calle que empiezan contando que hacían adicionales para que no haya robos en las fábricas, y terminan por contar, el oficial Landriel concretamente, que intervenían en los conflictos de tipo sindical, e incluso hacían inteligencia en fábricas, como reconoció Aneto en la última indagatoria.-

Ese enemigo había derrocado a dos ministros en  el año anterior, cuando el ministro Celestino Rodrigo pretendió aplicar la política de shock que después implantaron a sangre y fuego José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, Domingo Felipe Cavallo y el equipo económico de la dictadura.-

Así es que en octubre del año 1975 el Poder Ejecutivo dicta el Decreto 2770 donde crea el Consejo de Seguridad Interior para asesorar y coordinar las acciones de la presunta lucha antisubversiva, en el Decreto 2771 faculta a este Consejo a suscribir convenios con las provincias, y el decreto 2772 pone a este Consejo al frente de todo lo que es la lucha contra la subversión, que primero había sido circunscripta a la provincia de Tucumán, y subordina las fuerzas policiales y a todas las fuerzas de seguridad a disposición del Ejército.-

Se van creando distintas directivas y comienza a diseñarse lo que es el mapa de la zonificación represiva del país. Estos decretos declaraban como objetivo expreso el aniquilamiento de la subversión, pero la Directiva 404 del Consejo de Seguridad, que en realidad no es girada, no es dada a conocer públicamente, permanece como secreta, establece lisa y llanamente como objetivo la eliminación física de aquellos objetivos que se denominara como subversivos.

El concepto de subversivo como un sujeto distinto al habitante argentino real era un concepto trasladado de la doctrina norteamericana de la seguridad nacional, un verdadero bolsillo de payaso que poco a poco iría siendo llenado por los distintos reglamentos y luego por el antojo de quienes en la práctica iban a ejercer la represión.

Ya en la navidad de 1975 Videla pronuncia un discurso donde denuncia públicamente la corrupción y la incapacidad del estado de derecho para reprimir la subversión, pero luego del asalto a Monte Chingolo manifiesta públicamente que las fuerzas subversivas se encontraban derrotadas.

Los informes de inteligencia, que también se encuentran agregados en esta causa, y en su momento eran remitidos a la sede central del plan Cóndor en Washington, daban cuenta que según el diagnóstico que realizaban las propias fuerzas armadas, para el momento del golpe de Estado, es decir para el 24 de marzo de 1976 lo que llamaban fuerzas subversivas estaban desarticuladas, en ciertos casos el 100%, y zonificando como lo habían hecho, en partes no inferiores al 80%.

La idea misma de lo subversivo y de la subversión, surge de un plan sistemático donde se elige a quien se define como enemigo, para pretender justificar un accionar ilegal que irían desplegando en el marco de un plan sistemático de exterminio en la Argentina.

En el plan de acción que el ejército remite en su momento a Kissinger concretamente define cuál era el enemigo, en documentos que no eran girados ni al Congreso de la Nación ni a la Presidencia de la Nación, pero sí a Kissinger. En realidad, ¿por qué a Kissinger?

Porque recordemos que ya desde la década del 60 venían siendo adiestrados en el marco ideológico de la escuela francesa, venían siendo adiestrados en Panamá, y como luego lo diría Camps, por instructores norteamericanos.

En ese documento concretamente dicen que “se considera oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país, o que pudieran surgir, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/u obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”, es decir, claramente y dicho de otro modo, todos los argentinos éramos potencialmente oponentes, cualquiera que se opusiera activamente o aún pasivamente a los fines del gobierno a establecer, y mucho mas quien tuviere el tupé de exteriorizarlo, era un oponente y le alcanzaba la regla del exterminio.

Así se entienden, a la luz de esta concepción, las palabras de “comenzaremos por los subversivos, seguiremos por sus cómplices, por sus familiares, por sus amigos, y finalmente por los indiferentes y tibios”.

La dictadura argentina que va del 76 al 83, se diferenció en varios aspectos de otras interrupciones institucionales. En primer lugar, por el desarrollo del Estado terrorista, que es la puesta al servicio del exterminio de todos los resortes del Estado.-

Por eso es que en el Estatuto para el Proceso y en los primeros reglamentos no sólo deponen el gobierno constitucional, disuelven las Cortes provinciales, los gobiernos, todos los estamentos de los tres poderes.

Pero en otra de las cuestiones que se diferencia es que tenía vocación fundacional. Constituye un nuevo sujeto, un nuevo ciudadano occidental y cristiano, según su libre interpretación, dado que también muchas de las víctimas eran cristianos, provenientes de los grupos juveniles que trabajaban en la Iglesia, no sólo con el cristianismo de liberación, sino también otras comunidades eclesiásticas de base, pastores protestantes y hasta obispos.

Y además de occidental y cristiano en el sentido de un catolicismo inquisitorial ligado al nacionalismo de ultraderecha, este ser que constituyen es individualista, se anatemiza toda idea de solidaridad o colectivismo, se quiebra toda iniciativa organizadora.

Para la construcción de un ser individualista, como lo analiza Durkheim, la ética protestante e individualista permitía mucho mejor la construcción de un individuo dispuesto a someterse a las necesidades del modelo.

El ser individualista era una necesidad del mercado, pero en realidad era más una necesidad de un plan económico concreto de vaciamiento y de destrucción del aparato productivo que provocó no sólo la deuda externa impagable.

Se transfirió cerca de trescientos mil millones de dólares de los asalariados a los sectores concentrados del poder, concretamente a las empresas multinacionales, como señaló aquí el Coronel José Luis García, con un plan neoliberal que la sociedad argentina no hubiera tolerado, sino mediante el aniquilamiento, y crearon la matriz distributiva vigente.

El disciplinamiento como componente necesario para la aceptación era parte de este sujeto. En la educación se modifican todos los planes, es muy interesante ver la complicidad de la industria editorial concentrada y la educación en la reformulación de los planes de estudio para lograr este sujeto.

Hasta “El Principito” fue prohibido porque era subversivo, igual que la psicología, la antropología y la teoría matemática de los conjuntos. El concepto de subversivo era un lecho de Procusto para las necesidades de los genocidas, quienes sabían que cualquiera podía llevar ese sanbenito.

En este contexto está la Directiva 404, y el mismo Consejo de Seguridad va sacando directivas como las ‘Operaciones contra elementos subversivos’ RC 91, donde declara dos cuestiones de altísima importancia para empezar a ver los hechos que aquí tenemos presentes.

Normativiza y dicta Reglamentos sobre cómo interrogar y como aplicar los tormentos, siguiendo la escuela francesa, y reglamenta también las acciones psicológicas, dirigidas al conjunto de la sociedad, tanto para infundir el temor, como para llevar adelante una acción psicológica que haga que las masas, aparentemente fuera del conflicto, simpatizaran con el gobierno.

Este fue uno de los objetivos de los operativos de búsqueda y detención de personas. Introducen una figura que dictaduras anteriores en la Argentina no habían usado de modo sistemático, desaparición forzada de personas, que según la escuela francesa, les era más rentable en términos de terror y paralización social que matar al enemigo, y además les ahorraba explicaciones.

Es útil recordar palabras del General Videla transcriptas por el diario Clarín del 14 de diciembre de 1979, dice Videla “¿que es un desaparecido? En cuanto esté como tal es una incógnita el desaparecido, si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”

A esto se prestaron tanto el Oficial Alberto Angel Aneto, actuando como miembro de ‘la patota’ en los términos establecidos en los casos 103 y 104 de la Causa 13/84 citada, y como ‘interrogador’ (eufemismo por torturador a cargo de los secuestrados), tanto en la Comisaría de Vicente López 4° de Villa Martelli, como en el campo de concentración llamado ‘los tordos’ o ‘el campito’ en Campo de Mayo, como los oficiales Harsich y Fragni ya identificados, lo cual surge inequívoco de los documentos copiados a fojas 106 a 109 de la Causa 28.976, piezas tenidas por verosímiles por los peritos actuantes, y cuya autenticidad ideológica como instrumentos de contenido congruente con las reglas y la jerga usuales en la fuerza a cargo de la represión ilegal en el área Vicente López de la Zona IV, fue avalada por los testimonios inequívocos de el Coronel José Luis García y del testigo General Heriberto Justo Auel.-

Las conductas típicas enrostradas fueron llevadas a cabo con la aquiescencia y aprobación explícita de los coautores mediatos que tenían capacidad de mando y de disposición en los lugares de los hechos.-
Respecto de los imputados en su oportunidad procesal, en cuanto a la responsabilidad en la comisión de los hechos atribuidos de Angel Alberto Aneto, de César Amadeo Fragni y de Raúl Horacio Harsich, la figura en la que encuadran sus conductas es la primera hipótesis prevista en el mentado art. 45 del C.P., es decir, son autores.

Está profusamente probado que no sólo tenían pleno conocimiento del exterminio, sino asimismo que participaron activamente de él. Como miembros del Grupo de Tareas, cabe asignarles participación en todo el raid delictivo.
Respecto de Osvaldo Jorge García, adherimos a la doctrina de la coautoría por el codominio funcional del hecho de Claude Roxin, en cuanto señala que es coautor “todo interviniente cuya aportación en la fase ejecutiva representa un requisito indispensable para la realización del resultado pretendido, esto es, aquél mediante cuyo comportamiento funcional se sostiene o se viene abajo lo emprendido” La aplicación de lege lata de las reglas del código de fondo para el juzgamiento de la participación criminal respecto de los partícipes necesarios, (Art. 45, 2° párrafo) no cambia la suerte del procesado, como señala la Instrucción. Pero de todos modos sostenemos que la doctrina invocada resulta de recibo, por ser la correcta conceptualización de los aparatos organizados de poder para la comisión de delitos como los de autos. 

El tipo penal previsto en el art. 144 bis inc. 1° del C.P., se encuentra dentro de la categoría de los delicta propria, pues sólo puede ser considerado autor quien ostenta la condición de funcionario público.

Se halla acreditado que todos los autores, tanto los mediatos como los directos, actuaron en abuso arbitrario de sus funciones, afectando la libertad de ambas víctimas.

El delito es de realización instantánea, y se consuma formalmente en el primer momento de efectiva privación de la libertad personal, siempre que que el ofendido se vea impedido de disponer de su libertad de locomoción en los límites queridos por el autor, exigencia dada por el principio de lesividad.

A partir de ese momento, el delito ya se encuentra consumado, dado que ya concurren todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo, manteniéndose el tiempo de comisión y de simultánea producción del resultado lesivo hasta su terminación.

Los imputados eran funcionarios públicos en los términos previstos en el párrafo 3° del art. 77 del Código Penal, al tiempo de los sucesos enrostrados.

Además, la conducta subsumida en el art. 144 bis inc. 1° del Código Penal (según ley 14.616) -privación ilegal de la libertad- fue llevada a cabo por los imputados con las agravantes previstas por el art. 144 bis, último párrafo en función del primer supuesto del inc. 1° del art. 142, todos del Código Penal, según Ley 20.642.

En cuanto al aspecto subjetivo, es un delito doloso, que se satisface con la comprobación de, al menos, dolo eventual. Es condición necesaria el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancia que también se verifica en este proceso, y se puede inferir a partir de la nocturnidad, el enmascaramiento y el ocultamiento a las familiares que se ha acreditado cabalmente.

Agravantes: La privación ilegal de la libertad sufrida por los damnificados, conforme surge de los testimonios producidos en la causa, se ve agravada, en razón de haber sido cometida bajo violencia, con empleo de fuerza física directa sobre los aprehendidos.

Media violencia cuando ésta se aplica sobre el cuerpo de la víctima o sobre terceros que intentan impedir la misma, sea mediante el empleo de energía física o por un medio que pueda equipararse; la amenaza puede estar dirigida hacia la víctima o hacia cualquier otro que trate de impedir tal hecho, o tenga capacidad para hacerlo, y se configura en la medida en que se intimide a la víctima o al tercero, anunciándole un mal que puede provenir de la actividad del agente o de un tercero a su instancia.

Se encuentra acreditado en las presentes actuaciones que, en ocasión de encontrarse privados de su libertad, los dos secuestrados fueron sometidos a tormentos, y que tales tormentos les fueron infligidos en razón y a sabiendas de ser prisioneros políticos.

La acción requiere para su configuración, un maltrato material o moral infligido intencionalmente para torturar a la víctima, con idependencia del propósito o buscado (Sebastián Soler: Derecho Penal Argentino, Tomo IV, pps. 55 y sgtes).

Sujeto pasivo del delito es una persona privada de su libertad, pero la privación de la libertad debe haber procedido de la orden de un funcionario público, o bien haber sido ejecutada por una persona que ostente esa categoría (art. 77, párrafo 3° C.P.).

Sujeto activo del delito es, en principio, un funcionario público; en tal sentido, se trata de un delito especial.
En este orden de ideas, se halla reconocido en la causa XII/84 citada que las víctimas del centro de detención, fueron sistemáticamente y por el sólo hecho de ingresar al campo clandestino, objeto de desnudamiento, amenazas constantes, palizas, tabicamiento, condiciones de salud e higiene deplorables, inanición, aislamiento tanto del entorno como del exterior, prohibición del uso de la palabra o de cualquier otra forma de comunicación, aplicación de picana eléctrica, entre otros graves sufrimientos físicos y psíquicos, sustitución de su identidad por un código numérico; todo lo cual evidencia la presencia de un padecimiento permanente y sin solución de continuidad respecto de cada víctima recluida en los centros clandestinos de detención, desde su ingreso hasta su salida o traslado.

Los interrogatorios a Iris Pereyra sobre su militancia política acreditan el encuadre típico es del art. 144 ter, segundo párrafo del C.P.

El tipo subjetivo consiste en el conocimiento por parte del sujeto activo, de que la persona torturada está privada de su libertad y que la actividad desplegada respecto de ésta, le causa padecimiento e intenso dolor, condiciones manifiestamente conocidas por los imputados.

En el plano de la voluntad, es necesaria la atribución de dolo -ya sea directo o bien de consecuencias necesarias- por parte del agente, y el conocimiento que eran perseguidos políticos del régimen imperante.

La identidad entre los integrantes del grupo de tareas que decidió y llevó adelante los secuestros, el desplazamiento hasta la comisaría, el confinamiento en el campo de concentración y las torturas, hasta la muerte en un caso y hasta el segundo traslado en el otro, no permite abrigar dudas del conocimiento ni del dolo directo.

La conducta tipificada en el art. 79 y 80 inc. 2 del C.P., se entiende dentro de la primera modalidad cuando se ocasione la muerte de un hombre sin que medie ninguna causa de calificación o privilegio.

Entre las particulares circunstancias que caracterizan los hechos investigados, se impone reconocer que el dolo directo de matar dirige in mente todo el iter críminis, ya que los testimonios de Bizcarte, de Carballo y de todos los indicadores, tanto públicos como secretos, impone reconocer que el destino final más previsible- y previsto efectivamente, era la muerte y el ocultamiento de los cadáveres.- De ello se sigue que no se trata de dos casos de tormentos y uno de ellos seguido de muerte, sino que el destino desviado de la intención criminal fue el de Iris Pereyra, y el tenido en vista inicialmente fue el del niño. Se impone considerar la agravante estatuida en el Art. 80 inciso 2° del Código de fondo: la alevosía.

Es alevoso el asesinato que se comete a traición y sobre seguro, ya sorprendiendo descuidada, dormida, indefensa o desapercibida a la persona, ya llevándola con engaño o perfidia, o privándola antes de la razón, de las fuerzas, de las armas, o de cualquier otro auxilio, para facilitar el asesinato, ya empeñándola en una riña o pelea provocada con ventaja conocida, o ya usando de cualquier otro artificio para cometer el delito con seguridad o sin riesgo para el agresor o para quitar la defensa al acometido.

En el caso de Floreal Avellaneda concurre la circunstancia objetiva que permite tener por configurada la alevosía: el estado de indefensión de la víctima.

El estar secuestrado, torturado y encerrado le ocasionó una ausencia total de la capacidad defensiva, máxime en un contexto en el que el destino de los secuestrados quedaba librado al antojo de los encargados de mantener en marcha el aparato de exterminio.

El estado de indefensión de las víctimas como condición objetiva de la alevosía resulta así evidente. El aspecto subjetivo, contiene dos facetas: una atinente al conocimiento de los elementos del tipo objetivo que debe poseer el autor, y otra volitiva, que consiste en la intención, en la voluntad de llevar adelante la acción.

El fundamento de la agravante radica en un obrar sobre seguro y sin riesgo, con el fin de evitar cualquier acción defensiva que pueda llevar a cabo por la víctima o un tercero en su legítima defensa.

En la causa n° 13/84, la C.S.J.N. dijo que “los homicidios deben considerarse como alevosos tomando en cuenta un doble aspecto: objetivo, el primero, al verificar que la víctima estuvo en estado de total indefensión; el otro, subjetivo, atendiendo a la acción preordenada de matar sin que el ejecutor corriera riesgo en su persona...” (C.S.J.N Fallos: 309-2: 1527, Cons. IV).

Este cúmulo de elementos objetivos ha servido para demostrar circunstancias que permiten afirmar que, teniendo en cuenta el plan sistemático para las desapariciones y la muerte ocurridas en la Zona IV de defensa que son objeto de este proceso, se encuentran cumplidos los requisitos que permiten tener por configurada la figura del homicidio agravado por alevosía (art. 80 inc. 2° del Código Penal).

El fundamento de la agravante del homicidio consistente en la participación premeditada de dos o más personas, consiste en que, al matar mediante el concurso de personas se disminuye la   defensa   de   la  víctima. Para  ello basta que más de una persona intervenga en el hecho.-

La premeditación requerida por la figura del Art. 80, inciso 6°, del C.P. supone un previo acuerdo para que el ilícito sea cometido de manera coligada  por los sujetos confabulados, debiendo versar tal consenso sobre el accionar conjunto de los complotados, y la convergencia previa que exige la ley para agravar el homicidio debe estar dirigida a producir la muerte de otra persona.

De la planificación de los hechos y la distribución de roles es forzoso aceptar el concurso premeditado con anterioridad al homicidio. Son los autores quienes decidieron el apresamiento, los dos traslados y el ocultamiento del cadáver.

Entre los dos primeros hechos y el asesinato, media un tiempo, en el que Floreal Edgardo es visto al menos por el testigo Ibáñez, la enfermera y el gendarme a cargo, quienes lo ven de pie, y la enfermera le cede su comida habiendo constatado que es un niño, de modo que no hay duda de que los autores tuvieron un período de tiempo prolongado para premeditar la ejecución.

También cabe enrostrar el inciso 7 del art. 80 del C.P., pues a esta altura resulta indubitable que el móvil inicial es la captura del obrero metalúrgico Floreal Avellaneda padre, acto tan ilícito como los que se trajo ante el tribunal.

No puede concederse verosimilitud al dicho de Riveros, al que han remitido los imputados, que las huellas constatadas en el cuerpo del niño puedan deberse a otras causas distintas del tormento, dado que sólo podría concebirse como alternativa la idea de posibles vejaciones al cadáver, sólo incubable en una mente que alcanza los extremos más difíciles de imaginar de la perversidad.

Y aún así, si se aceptara que el fanatismo genocida llegó a esos límites, no sería congruente la idea de escarmiento que podría mover a los autores, ante la humillación de no haber logrado arrancarle palabra a un niño, con el posterior y también frustrado ocultamiento del cadáver.

Forzoso es concluir que a Floreal lo ultimaron por el método del empalamiento, tan coherente con la desviación moral inquisitorial. En el siglo XX, el único móvil directo que se puede inferir razonablemente, es incluir a la banda asesina en un pacto de silencio que no puedan romper, sin caer de la humanidad.

Quedó acreditado desde la Sentencia en Causa 13/84 y en este juicio oral que al momento del ingreso al domicilio de las víctimas fueron despojadas de diversas pertenencias, lo que encuadra en el delito previsto en el art. 166 inc. 2 CP que se les imputa a todos los procesados como robo agravado, en poblado y en banda.

También está probado que no hubo orden de detención ni de allanamiento por autoridad competente, por lo que se les debe también atribuir a los procesados el delito de allanamiento ilegal de morada previsto en el art. 151 CP.

Siendo separables material y jurídicamente las figuras de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado, cabe aplicar las reglas del concurso real, art. 55 del C. Penal con su redacción al momento de los hechos.

Según la prueba aquí reunida, entonces, eran los procesados quienes daban las correspondientes instrucciones, dirigían y coordinaban el funcionamiento del area Vicente López de la Zona IV, estableciendo los objetivos y su evaluación, como así también la conducta de sus subalternos.

Por ello las conductas desplegadas por los ejecutores de los secuestros, tormentos y homicidio, son consecuencia necesaria de las órdenes impartidas desde el vértice supremo, y transmitidas por la cadena de mandos establecida para la pretendida lucha contra la “subversión”.  Por eso los procesados conocían la forma de funcionamiento del aparato represivo y quisieron los crímenes ejecutados por su propia voluntad y acción.

Los presupuestos de una autoría mediata  por dominio funcional del hecho dentro de un aparato organizado de poder están satisfechos también respecto a Osvaldo García, en relación con las privaciones ilegales de la libertad, homicidio y tormentos a las víctimas traídas a este juicio, y también la co-autoría de Angel Aneto, Fragni y Harsich en los mismos delitos.

De los testimonios oidos, cabe señalar los hechos investigados como lesivos para la humanidad, con independencia de su tipificación en el derecho interno.

La colega que me sucede ha de pedir la pena que corresponde, pero no puedo cerrar mi intervención sin señalar que la extrema crueldad fue tenida por el Tribunal Oral N° 1 de La Plata como fundamento para no permitir ningún tipo de morigeración. En este caso, más que de crueldad, se habla de infamia.

Más que de infamia, aquí se ha hablado de bestialidad, con perdón de las bestias que no tienen opción para ser otra cosa.

Bestialidad que no no podemos atribuir a una persona, a un grupo, a un estamento, a una ideología o a una nación, porque como dice uno de los nuestros, sin duda el mejor de todos, el doctor – comandante- Ernesto Guevara, es el imperialismo. “Es la naturaleza del imperialismo lo que convierte a los hombres en bestias”. Gracias.