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(Histórica sentencia)
Por Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de la Argentina.
Cuando la jueza Larrandart terminaba de leer el fallo del juicio por el secuestro, tortura y asesinato de Floreal Avellaneda, pronunciando condenas para todos los enjuiciados, hubo lágrimas mezcladas de alegría y dolor. En el clima de emoción entre los militantes, los compañeros de derechos humanos, los familiares, que en conjunto desbordaban la sala del juzgado, se generaban comentarios dominados por la idea de que el movimiento popular, la lucha por la democracia, la verdad, la justicia y la memoria de la generación de luchadores masacrada en los setenta, había obtenido una de las victorias más considerables de las logradas hasta el momento.
Aunque lamentamos que en las razones del veredicto no fuera incluida la figura de “genocidio”, valoramos a su vez la forma en que se consideró el testimonio de los testigos de la querella. Sin perjuicio de un estudio más profundo de los contenidos del fallo, éste contiene el cumplimiento en cárcel común de las condenas establecidas; aspecto valorable, sin perjuicio incluso de apelaciones al fallo. Es importante analizar lo ocurrido en el marco de este largo capítulo de la lucha de clases que significa la batalla contra la impunidad de los crímenes de la Triple A y la dictadura contra el movimiento popular en la Argentina.
Es bueno, por lo tanto, recordar una vez más la figura de Julio Viaggio, sus lúcidas y heroicas acciones al filo de estos brutales acontecimientos, que permitieron fundar una causa que 33 años después culmina con el juicio y castigo de sus responsables. El agradecimiento a Julio y su equipo debe prolongarse en el agradecimiento a todos los abogados democráticos, progresistas y revolucionarios que se han jugado en esta causa sustentando las querellas establecidas tanto por los abogados de la familia, Jorge Brioso de Armas y Sabrina Dentone, por los abogados del movimiento de derechos humanos, Liliana Mazzeo y Miriam Bregman, y por la querella del Partido Comunista, con Carlos Zamorano y Pedro Dinani a la cabeza, acción que no solamente ha sido un aporte a la fundamentación de las denuncias contra los responsables, sino que se ha constituido en una novedosa y eficaz acción jurídico política del Partido Comunista.
Es justo extender el agradecimiento a todas las organizaciones de carácter social, político y de derechos humanos que estuvieron respaldando el juicio, en especial para la permanente acción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y en especial para con el esfuerzo supremo de la familia Avellaneda. Soportando el martirio directo del secuestro y la persecución, perseveraron y no desmayaron nunca a lo largo de 33 años, manteniendo vivo el reclamo y la denuncia, y compareciendo ante el tribunal con declaraciones de un alto valor político, moral y ético, carentes de todo rasgo de venganza. Su relato estuvo lleno de dolor, humanismo y sentido de justicia, de un riguroso enfoque político que nunca dudó ni vaciló en presentar las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura como parte programada de un plan político antinacional y antipopular. Al mismo tiempo, la familia consideró el reclamo de verdad y justicia con digno castigo para los responsables como algo que incluía y abarcaba especialmente a su hijo, el Negrito Avellaneda, pero que se proyectaba al conjunto de los miles de perseguidos, agraviados, desaparecidos y asesinados por la dictadura argentina y las fuerzas retrógradas del imperialismo y la oligarquía.
No se nos puede escapar que a este momento culminante no se llega de manera mágica, sino por medio de una sucesión de combates encadenados entre sí, siendo imprescindible reconocer desde las primeras acciones de la Liga, de Familiares, de las Madres, y por supuesto, más adelante, el papel que juega el enjuiciamiento a las Juntas Militares y más recientemente la anulación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e indultos, que se habían convertido en verdaderas leyes de consagración de la impunidad. En este logro hay que recordar la diputación de Floreal Gorini, que en el Parlamento Nacional, en un marco de considerable aislamiento y soledad, pudo presentar el primer proyecto elaborado por Carlos Zamorano para la anulación de estas leyes, concepto que superaba al de la derogación, dado que era lo que permitía volver a fojas cero y poder encarar nuevamente el juicio a los criminales.
Luego de una reelaboración del propio Carlos Zamorano que ajustó dicho proyecto de ley, fue nuevamente presentado por Patricia Walsh como diputada de Izquierda Unida. Proyecto que, en definitiva, es consagrado como ley de la Nación por el Parlamento Nacional; dato que, por supuesto, nadie echa en saco roto, más allá de que son conocidos e imprescindibles nuestros reclamos por acelerar su cumplimiento, para lo que pueden y deben unificarse las causas.
Tras la batalla que terminó en la condena de Etchecolatz -el movimiento popular pagó el costo de la desaparición de Julio López, que se prolonga ya por más de dos años, y sin esclarecerse- por muchas cosas el juicio desarrollado a lo largo de cerca de tres meses en los tribunales de San Martín ha sido una de las más altas confrontaciones entre los promotores de la impunidad y el campo popular con sus banderas de verdad y justicia. Esto es así por varias razones. En primer lugar porque se ha ido contra Campo de Mayo, que fue el principal campo de represión de la principal fuerza componente de la dictadura, el Ejército Argentino; que fue el centro de represión que concentrara más responsabilidad desde el punto de vista de las áreas que dominaba y de la cantidad de víctimas que produjo, por encima incluso de la Esma, y que hasta ahora había venido en buena medida zafando de sus responsabilidades.
En segundo lugar, porque al ser Campo de Mayo la sede de los Institutos Militares, no se puede negar que, aparte de las capacidades operativas de este centro, allí están concentradas las principales fuerzas de elaboración y análisis y, por lo tanto, las responsabilidades de carácter intelectual para la concepción, dirección y realización del siniestro plan de contrarrevolución preventiva que significó la represión dictatorial. Institutos Militares no son sólo la Escuela de Cadetes, sino las escuelas de las distintas armas (Infantería, Artillería, Caballería, etcétera) y contiene las escuelas del Estado Mayor, donde se preparan los oficiales superiores y desde donde se coordina con los institutos de preparación para militares latinoamericanos que tienen los EE.UU., como la Escuela de las Américas. El juicio permitió demostrar que el grupo encabezado por Riveros acreditó en sus antecedentes extensas y profundas relaciones con diversos ámbitos del imperio norteamericano, al punto que se puede decir que son oficiales preparados por los norteamericanos de una manera muy profunda en todas las asignaturas de la siniestra Doctrina de Seguridad Nacional, como parte de una doctrina más general de Seguridad Hemisférica, cosa que los incriminados, particularmente Riveros, no se preocuparon por disimular, sino más bien por exhibir.
Quedó claro, no sólo en los alegatos de la defensa sino en sus discursos previos a la sentencia del tribunal, donde trataron de no dejar puntada sin nudo, preocupándose por desconocer prolijamente al tribunal y reclamar que por haberse tratado de “una guerra” debían ser juzgados por jueces militares (desconociendo toda la doctrina nacional e internacional sobre derechos humanos y descalificando el concepto de genocidio, lamentablemente compartido por la jueza) sin olvidarse del remate de este discurso que venimos escuchando desde las exposiciones de Menéndez y de Bussi sobre que “los guerrilleros que fueron derrotados militarmente por las Fuerzas Armadas hoy se encuentran ejerciendo el gobierno”. En síntesis, un discurso monstruoso que demuestra el grado de peligrosidad de estos criminales que persisten en la teoría de los dos demonios, en la teoría de la Seguridad Nacional, y en definitiva en legitimar con cualquier pretexto el golpe de Estado para cercenar los procesos democráticos. En este sentido, el juicio y su resultado tienen una actualidad plena en la Argentina y en América Latina, tanto sea para confrontar con los intentos de la derecha local de recomponerse para restaurar plenamente su proyecto, como para solidarizarse con la necesaria acción dirigida a derrotar el reciente golpe de Estado en Honduras, perpetrado con la cada vez más clara complicidad de la nueva administración norteamericana del presidente Barack Obama.
Un párrafo especial merece ser dedicado a la Liga por los Derechos del Hombre, a la Comisión de Derechos Humanos del PC, al Comité Central del Partido y su militancia, y a la dirección de la FJC y su militancia. En su actividad apuntada a conseguir el castigo de los responsables del secuestro, martirio y asesinato del Negrito, está implícito un proyecto político de reivindicación del Partido Comunista, y de desenmascaramiento de las patrañas macartistas sobre sus supuestas complicidades con la dictadura, montada por los servicios de inteligencia y por la parte más inescrupulosa del gobierno menemista. Infamias orientadas a desprestigiar y debilitar a una fuerza llamada a cumplir un papel en la construcción de una fuerza política alternativa de carácter nacional, popular y revolucionario para las consecuencias de los modelos neoliberales en la Argentina. El juicio ha arrojado una luz esclarecedora acerca de las mentiras sobre la complicidad del Partido con la dictadura. Tal como lo estableció el 16º Congreso, nuestra autocrítica sólo puede abarcar la exageración de las contradicciones al interior de la dictadura, que perjudicaron la eficacia del esfuerzo del Partido por luchar contra ella. Esta mala caracterización de las contradicciones internas de los militares perturbó la eficacia de la lucha y la resistencia contra la dictadura. Pero no queda ninguna duda de que el Partido Comunista defendió a sus miles de perseguidos por la dictadura, que fue fuertemente solidario con los perseguidos de otras fuerzas políticas, que desarrolló una activa campaña para tratar de que el universo democrático político argentino se agrupara en una multipartidaria que hiciera frente a la dictadura y se constituyera con un plan de restauración democrática y, por último, que el PC fue un extraordinario movilizador de las acciones internacionales de solidaridad con el movimiento popular argentino, jugando un papel determinante en la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la cooperación para que ésta pudiera desarrollar un trabajo en el plano interno. En la historia del Partido Comunista, que durante la última dictadura tuvo más de cinco mil presos, que tuvo un total de 400 detenidos desaparecidos de los cuales cerca de 200 jamás aparecieron, sólo cuarenta de cuyos cuerpos conseguimos rescatar, no se podrá encontrar ningún tipo de cooperación con la dictadura. Cooperación que sí fue normal, y en algunos casos en grandes proporciones, por parte de los dos grandes partidos, el PJ y la UCR, e incluso otros que proporcionaron miles de cuadros de gobierno a la dictadura, sin contar a los cuadros de la derecha como los Alsogaray, los Aleman, y en particular Martínez de Hoz, familia hoy reivindicada por la Mesa de Enlace, autor del plan económico de la dictadura, prolijamente demolido en su términos técnicos y denunciado con fuerza por el PC en su conocido trabajo firmado por Rodolfo Ghioldi. Todo esto, que es de gran importancia, no debe hacer olvidar que el Partido y la Juventud Comunista desempeñaron una ímproba tarea para advertir y esclarecer sobre los peligros de golpe, para organizar la resistencia al mismo, y que, como pasara en otros momentos de la historia argentina, como en el 55 y el 66, no fueron suficientemente escuchados.
En esta lucha alrededor del juicio a los criminales del Negrito, hay que destacar el esfuerzo militante del PC y la FJC. Este esfuerzo no pasó inadvertido para la derecha, y hubo amenazas y presiones de todo tipo a la organización en su conjunto, en particular a la Fede y a dos compañeras, Soledad y Karina, a quienes les hacemos llegar toda nuestra solidaridad y admiración por la entereza y la valentía con la que reaccionaron ante los ataques físicos directos que sufrieron, escribiendo una página más de heroísmo de la FJC.
Finalmente, podemos decir que en este caso la victoria ha sido nuestra, y que como siempre ocurre, en la lucha de clases la victoria solo da derecho a nuevos combates. Por lo tanto, vamos por más. Vamos por la reivindicación de todos nuestros compañeros, por desarrollar las querellas en todos los juzgados donde corresponda, y por hacerlo con este molde que hemos forjado en el caso del Negrito, donde el PC y la FJC son querellantes. Esto establece un antecedente político nuevo en la experiencia de los partidos políticos de cualquier clase en la Argentina, y también para el PC. Coincide con algunos preceptos positivos de la constitución burguesa de nuestro país, pero sobre todo lo ponemos y seguiremos poniendo en práctica como un precepto político, ético y moral de nuestra conducta revolucionaria. Hay que seguir con la causa de Teresa Israel, Graciela Panne, Alberto Carvajal, Alberto Caffaratti. Vamos por la reivindicación y justicia para todos y cada uno de nuestros compañeros caídos, y todos y cada uno de los compañeros caídos en nombre de la gran causa popular, provengan de las filas y las culturas políticas de donde provengan.
El éxito da derecho a nuevos combates: ir por más en el caso del Negrito, como dijo Iris Avellaneda, movilizarse por la búsqueda y recuperación de su cuerpo. Teniendo claro que hay que ir por otros casos para seguir rompiendo, fracturando y derrotando definitivamente a las fuerzas de la impunidad en la Argentina. Sin duda todo esto será una gran contribución a la construcción de una alternativa política revolucionaria. |
